A principios de los 90, la asociación Gays por los Derechos Civiles dirigida por Carlos Jáuregui intentó impulsar una ley de Matrimonio Civil con acceso para las parejas del mismo sexo, pero sin resultados. El 11 de Diciembre de 1998 fue presentado un proyecto que se llamó Parteneriato en la Cámara de Diputados por la diputada Laura Musa (expediente 7816-98), fundamentado por la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), que otorgaba derechos a nivel nacional a las parejas del mismo sexo. El proyecto no fue tratado y al perder estado parlamentario fue vuelto a presentar por la diputada Margarita Stolbizer el 23 de Marzo de 2000 (exp. D-1158-00), con nuevas presentaciones en los años 2002 y 2004 por la diputada Laura Musa.

El 12 de diciembre de 2002, luego de un intenso trabajo de los/as activistas, se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley de Unión Civil (ley 1004) presentado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Si bien se refiere a una institución distinta y con alcances limitados (por ser una ley tratada por legislatura local), abarca tanto a parejas del mismo como de distinto sexo, y sirvió como apoyo a las distintas organizaciones locales que reclaman el reconocimiento a nivel nacional de los derechos para las parejas del mismo sexo (Unión Civil Nacional y Matrimonio). Luego de que se aprobara en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Rio Negro también sancionó una ley de unión civil inspirada en la anterior, y más tardo también lo hicieron las ciudades de Carlos Paz y Rio IV, de la Provincia de Córdoba.

En 2005 la CHA presentó el proyecto de Unión Civil Nacional, que a diferencia de las uniones locales, ya que es competencia del Congreso Nacional, incorpora todos los derechos (pensión, patria potestad compartida y adopción, herencia, beneficios previsionales y de obra social, etc) para todas las parejas de distintos y del mismo sexo, con un régimen diferente al Matrimonio, con menor injerencia del Estado, que no regula la necesidad de monogamia, ni del contrato conyugal, ni la anulación del contrato por la existencia de ciertas condiciones físicas y de salud, entre otros cuestionamiento a la institución matrimonial. Este proyecto perdió estado parlamentario al siguiente año por la falta de su tratamiento.

Por otra parte se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, registrado bajo el número de expediente 1907-D-2007. Dicho proyecto fue redactado por el diputado socialista Eduardo Di Pollina, con la colaboración de la diputada del ARI Marcela Rodríguez, y contó también con la firma de Silvia Augsburger (PS); Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires); Remo Carlotto, Héctor Recalde, Araceli Méndez de Ferreyra, Nora César, Marta De Brasi, Luis Ilarregui y Santiago Ferrigno (Frente para la Victoria); Eduardo Macaluse, Marta Maffei, Fabiana Ríos, Leonardo Gorbacz, Carlos Raimundi y Delia Bisutti (ARI); María del Carmen Rico (Peronismo Federal); Norma Morandini (Partido Nuevo de Córdoba); Claudio Lozano (Juntos por Buenos Aires); Alicia Tate (UCR) y Carlos Tinnirello (Redes).

En octubre de 2007, la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Vilma Ibarra, presentó un proyecto de Ley en el Senado para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas homosexuales. El proyecto, similar al presentado en Diputados por Di Pollina y Ausburguer, llevó el debate a la Cámara Alta, por lo que ya existen reclamos por este derecho en ambas cámaras legislativas y en la Justicia. La iniciativa modifica el artículo 172 del Código Civil de la Nación, y quedaría redactado de la siguiente manera: “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El 13 de noviembre de 2009 la magistrada Gabriela Seijas ordenó al Registro Civil que celebre el casamiento de dos hombres, que habían iniciado es recurso de amparo para acceder a la ley, Alejandro Freyre y José María Di Bello, activista de la Federación LGTB. El 28 de diciembre de 2009, Alejandro Freyre y José María Di Bello contrajeron matrimonio en un Registro Civil de Ushuaia, Santa Cruz, tras un recurso administrativo aprobado por el gobierno fueguino, con autorización de la gobernada Fabiana Ríos, ya que no pudieron casarse en la Capital Federal por disposición judicial. Más tarde, el 14 de abril de 2010, el juez de Minoridad y Familia, Marcos Meillien, hizo lugar al planteo de la fiscal Karina Echazú y declaró “inexistente” el casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello, medida luego apelada y todavía sin resolución.

Además el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la CHA presentó la inscripción en Argentina del matrimonio celebrado por dos de sus activistas, César Cigliutti y Marcelo Suntheim, celebrado en España. Este reconocimiento se negó, demostrando la arbitrariedad del sistema judicializado y la necesidad de que la ley de matrimonio sea tratada y aprobada por el Congreso. Esta acción judicial se encuentra actualmente en apelación.

La jueza Elena Liberatori de Haramburu, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a una acción de amparo y ordenó el 23 de febrero de 2010 que el Registro Civil porteño autorice el matrimonio entre Damián Bernath y Jorge Salazar Capón. Se realizó el 4 de marzo de 2010, aunque el 9 de marzo el magistrado Félix Igarzábal ordenó anular ese contrato y devolver la libreta, decisión apelada luego por abogados de la Federación LGTB.

El 16 de marzo de 2010 la CHA, con la firma de Diana Conti (FpV), presentó otro proyecto como consejo (sin demora del debate parlamentario) de reforma del matrimonio, que incluye también la derogación del artículo 198, sobre la obligación a ser fiel o el artículo 199 que obliga a convivir bajo el mismo techo. También del artículo 166 inciso 9 que pone a la “sordomudez” como impedimento para contraer matrimonio; el artículo 169, inciso 3 y 4 que también pone a la enfermedad contagiosa o la conducta inmoral o la falta de medios para la subsistencia como impedimentos para llegar al matrimonio. Y la modificación de los artículos que impiden la disolución del contrato por la expresa solicitud de una de las partes.

El juez Guillermo Scheibler aprobó el matrimonio entre Martín Canevaro y Carlos Álvarez (100% Diversidad y Derechos) el 6 de abril de 2010. Luego, el matrimonio entre Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo se convirtió en el primero entre mujeres del país, celebrado el 9 de abril de 2010. El 17 de abril la jueza Martha Gómez Alsina declaró “nula” la ceremonia y se les exigó entregar la libreta matrimonial, fallo tambien interpelado por el abogado Gustavo López (Inadi y Falgtb) y pendiente de resolución.

La modificación de la Ley de Matrimonio para todas y todos llega al Congreso

El 4 de noviembre cuando se iniciaron los debates en las comisiones de Familia, Mujer y Niñez, y de Legislación General, César Cigliutti, presidente de la CHA, hizo su intervención en favor del proyecto en representación de la organización. También hablaron María J. Lubertino, entonces presidenta del Inadi; Maria Rachid, presidenta de la FALGBT; Osvaldo Bazán, periodista; Pedro Zerolo, representante de Fundación Triángulo y del Psoe de España; Vilma Ibarra, presentante del proyecto; entre otros/as más a favor y en contra. Las siguientes reuniones de las comisiones para resolver el dictamen serían continuadas en las sesiones de 2010.

Las actividadees de las comisiones encargadas del tratamiento del proyecto comenzaron sus actividades el 15 de abril de 2010. Cientos de activistas independientes, de la CHA, de la Falgtb y de otras organizaciones, participaron y estuvieron presentes durante las sesiones en las que se debatió y finalmente aprobó el dictamen de mayoría favorable para el tratamiento en el recinto de la modificación de la ley de matrimonio con 38 votos a favor de las comisiones de Familia, Mujer y Niñes, y de Legislación General.

En vísperas del tratamiento en el Congreso, el 27 de abril, la CHA se comunicó con los/as diputados/as para pedir la preferencia de la ley de matrimonio en la orden del día. El 29 de abril de 2010, la sesión programada por la Cámara para tratar el dictamen respecto a la modificación de la ley de matrimonio no obtuvo quorum, tanto de la oposición como del oficialismo, debido a que se antepuso la reforma de la llamada “ley del cheque”. Diputadas/os como Vilma Ibarra, Martín Sabbatella y Agustín Rossi pidieron que se realice el debate sobre la modificación del matrimonio en una sesión especial. La CHA instó mediante comunicaciones con las/os diputadas/os al tratamiento exclusivo del proyecto en una sesión especial diferente a la de otras leyes que no contaban con un consenso tan amplio en todos los arcos políticos, de forma tal que no se entorpeciera y dificultara el debate.

Finalmente el 4 de mayo de 2010, la Cámara de Diputados consiguió el quorum y comenzó el tratamiento de reforma de la Ley de Matrimonio. Luego de la exposición de mas de 60 oradores, y una sesión maratónica que comenzó a las 2 de la tarde del día anterior y culminó a las 3 de la madrugada, ese 5 de mayo de 2010, en la Cámara Baja se logró la media sanción de diputados. El resultado de la votación fue de 125 votos a favor, frente a 109 en contra y seis abstenciones. Si el proyecto es aprobado también por el Senado, se convertirá en ley la modificación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Senado y el matrimonio entre personas del mismo sexo

El vicepresidente, J. Cleto Cobos en consulta con los secretarios parlamentarios de la Cámara alta, Juan Estrada y Juan José Canals, decidió girar la media sanción conseguida en diputados únicamente a la Comisión de Legislación General que comenzaría su tratamiento en el mes de julio. Esta comisión está presidida por la senadora Liliana Alegra de Alonso (declarada opositora al proyecto) e integrada además por una mayoría que se opondría al proyecto.

Los bloques más importantes del cuerpo: el Frente para la Victoria y la UCR, dieron libertad de conciencia a sus legisladores/as, lo que, podría significar una amenaza para el tratamiento del proyecto, al no existir una línea común en la votación de los partidos más numerosos. Varios senadores y senadoras de las distintas extracciones adelantaron su opinión a un diario conservador de la Argentina, respecto a la modificación de la ley. El senador Carlos M. presentó un proyecto para llamar a consulta popular. Liliana Negre de Alonso, presidenta de la comisión que trata la modificación, es miembro del Opus Dei y declarada opositora al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sobre 17 senadores del Frente para la Victoria consultados, nueve dijeron estar a favor, siete en contra y una se mostró indecisa. José Luis Gioja del FpV se declaró en contra del proyecto, mientras que el jefe de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, adelantó su postura a favor. En la UCR, de 16 legisladores, 8 de ellos rechazaron la propuesta.

Las organizaciones y activistas que llevamos adelante este reclamo asumimos el compromiso de reunirnos con todos los senadores y senadoras para brindarles información y material sobre diversidad sexual, discriminación e igualdad de derechos, para así posibilitar un debate desprejuiciado y favorable.